Sin necesidad de presentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre el que tanto se rumorea desde hace años, El Corte Inglés está inmerso en un proceso que puede permitirle adelgazar su plantilla con una rapidez inusitada en su historia sin tener que recurrir a medidas traumáticas como un ajuste colectivo de empleo.
La clave está en un endurecimiento de las condiciones laborales del grupo que, con carácter general, entró en vigor el pasado sábado para la mayoría de sus centros en España y que ha abierto la puerta de salida a un número todavía indeterminado de empleados.
Dicha modificación afecta a la división de grandes almacenes, la más importante, con en torno al 65% de la plantilla (más de 60.000 empleados) del grupo que preside Isidoro Álvarez, que estos días está inmerso en negociaciones con la banca acreedora para tratar de refinanciar una deuda de unos 5.000 millones de euros.
La citada modificación se apoya en el nuevo convenio del sector de Grandes Almacenes y se sustenta en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que permite a la dirección de una empresa acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo “cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”.
Con la actual legislación laboral, ese supuesto otorga a cualquier trabajador que se sienta “perjudicado” por la alteración de sus condiciones laborales el “derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses”, según la normativa vigente.
Las peticiones para abandonar la empresa llevan aparejado, en los trabajadores con derecho al subsidio de paro, la prestación por desempleo.
Esas peticiones se están produciendo, y por “varios centenares”, según confirman a este diario diversas fuentes sindicales, basándose en estimaciones que aún son provisionales porque el proceso todavía está en curso. El Corte Inglés, por su parte, no hace comentarios.
«Muchas personas están optando por marcharse», según CCOO
Facilidades de la empresa para rescindir contratos
Las fuentes sindicales consultadas explican que, en un centro de tamaño normal y de construcción reciente, con una media de en torno a 700-800 empleados, han pedido acogerse a la medida, en los casos con mayor número de bajas, “unas 50-60 personas por centro”. En otros, ha habido «un número pequeño» de bajas, explican.
El goteo de solicitudes ha tenido una incidencia “más importante”, señalan esas fuentes, en algunas provincias y, especialmente, en centros de la Comunidad de Madrid como los de Alcalá de Henares (inaugurado en 2000), el centro comercial Xanadú en Arroyomolinos (que abrió sus puertas en 2003) y el de Arroyosur (Leganés), uno de los más recientes, abierto en 2007.
En respuesta a consultas sobre casos concretos (por ejemplo, una empleada del emblemático centro de Castellana, en Madrid, que lleva más de 30 años en la empresa y que ha visto modificados sus turnos, incluyendo la obligación de trabajar domingos y festivos), CCOO ha transmitido a los trabajadores que la empresa está dando “facilidades” para rescindir contratos.
El proceso constituye, en opinión de este sindicato (minoritario en la empresa), “un ERE encubierto, ya que muchas personas están optando por marcharse”.
La modificación de las condiciones laborales fue acordada, tras un periodo de consultas de dos meses, el pasado 26 de abril con los dos sindicatos mayoritarios en la empresa, Fetico y Fasga, y según este último, “asegura el empleo a pesar del momento en el que vivimos”.
Mientras, CCOO critica que ese acuerdo equivale a “la total desregulación de la jornada de trabajo de toda la plantilla y la obligatoriedad generalizada” de trabajar domingos y festivos, incluyendo al colectivo de mayor antigüedad.
El asunto ya está en los tribunales, después de que la Audiencia Nacional haya admitido a trámite una demanda de conflicto colectivo para intentar forzar la impugnación del acuerdo presentada por CCOO y UGT, en la que lo califican de “fraude de ley”.
La vista para el acto de conciliación se celebrará el próximo 5 de septiembre a las 9:30 de la mañana, según el decreto de Admisión dictado el pasado 29 de mayo por la Sala de lo Social de la Audiencia, la misma que acaba de exhortar a la empresa a «reducir las desigualdades retributivas entre hombres y mujeres» en un plazo máximo de tres meses.
